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El meollo de la crisis

La próxima vez que usted, apreciado lector, se lamente del alto costo de la vida, del pésimo sistema educativo, de una defectuosa atención de salud, de la falta de justicia, de la corrupción y de tantos otros males, no olvide que esos desarreglos están íntimamente vinculados a las serias deficiencias en la representación política, producto de estructuras impuestas hace 50 años que aún siguen en vigor

Una de las más graves consecuencias del pésimo sistema educativo es la incapacidad generalizada para el pensamiento abstracto. Esa incapacidad hace que la mayoría no comprenda que en el meollo de la crisis hay un serio problema de representación política.

Quienes llevan a cabo funciones representativas no son auténticos representantes. Son impostores, charlatanes, simuladores, que se llenan la boca diciendo que “el pueblo” los puso allí (por eso merecen embriagarse con McCallan 18, viajar por el mundo en primera clase y celebrar bodas seudo principescas, a cargo del Estado). Pero, en vez de atender las necesidades populares, responden a los apetitos de los poderosos.

Le tiran migajas al pueblo que los eligió—un “salve” de vez en cuando, un ataúd para un muerto, una canastilla para un recién nacido, una beca del Ifarhu para un estudiante fracasado, una botella en el gobierno—y alegan que, mediante esas acciones primitivas, están “resolviéndoles” a sus electores. Estas prácticas rudimentarias, por supuesto, no constituyen verdaderas soluciones sociales ni son sostenibles a largo plazo.

Por el contrario, fomentan el clientelismo, la degradación de la política, la corrupción y el déficit fiscal. En vez de legislar y administrar la cosa pública para promover la formación de capital humano, la seguridad democrática, el Estado de derecho y una correcta administración de justicia, quienes alcanzan en Panamá un cargo de representación popular actúan para proteger y fomentar intereses económicos, los cuales, en un “capitalismo de amiguetes” (como lo denominó el Dr. Chapman) vienen a ser grupos mafiosos con comportamientos delincuenciales en mayor o menor grado.

A esas mafias responden los partidos políticos (secuestrados por las cúpulas) y sus agentes en las cámaras representativas municipales y nacionales, así como en los ejecutivos distritales y estatales.

Semejante sistema político no es democrático. Tampoco surgió por combustión espontánea. Fue impuesto hace 50 años, en 1972, tras cuatro años de una férrea dictadura militar que suprimió las libertades ciudadanas y creó estructuras para “constitucionalizar” la sumisión del país a la bota castrense.

Expulsados los militares como resultado de la invasión estadounidense en 1989, los grupos mafiosos fueron liberados del control del cuartel central. Pudieron entonces convertirse en los nuevos titiriteros, en reemplazo de los jenízaros, para lograr un mayor aprovechamiento de las oportunidades económicas que, en países poco evolucionados, permite el control de la política.

Para aparentar una democracia, en el medio siglo transcurrido desde que se impuso la constitución de 1972 se han llevado a cabo cuatro modificaciones (dos durante la dictadura y dos, después de su desalojo). Algunos argumentan que esas reformas “democratizaron” la carta fundamental.

En su infinita simpleza, no toman en cuenta los orígenes cuartelarios de la constitución de 1972, que ninguna reforma puede borrar. Tampoco advierten que su principal pilar, el sistema de representantes de corregimientos, se mantiene en pie, sin que a nadie se le haya ocurrido evaluarlo, menos aún, reformarlo y, jamás, descartarlo, por ser fuente y vehículo multiplicador del clientelismo y la corrupción política en Panamá.

El representante de corregimiento fue instaurado por los militares para actuar como agente de la dictadura en cada rincón del país. Creado desde sus orígenes como un cargo de elección clientelar, ha hecho creer a muchos mentecatos que es la esencia de nuestra “democracia”, cuando, en realidad, es la génesis de su putrefacción.

Peor todavía, no constituye un vehículo de auténtica representación y es el modelo sobre el cual se estableció, tras la reforma de 1983, la Asamblea Legislativa (hoy, nacional), actualmente objeto del mayor repudio ciudadano por su incapacidad para representar el interés nacional y dar soluciones a los problemas del país.

Varias disposiciones constitucionales, así como del sistema electoral creado por la dictadura en 1978, contribuyen directamente impedir que los cargos elegidos puedan ejercer una auténtica representación de los intereses nacionales. En primer lugar, un período largo—cinco años—para todos los puestos de elección popular, lo cual acentúa el abismo entre electores y representantes, sumado a votaciones simultáneas para todos los cargos.

En los inicios de la república—sabiamente—se instauró un período de cuatro años para el presidente y los diputados, y dos años para los concejales. A los diputados se los elegía a la mitad del período presidencial, para afianzar el equilibrio de poder y mejorar la representatividad.

En segundo lugar, una fórmula de elección predominantemente uninominal sin segunda vuelta. Con la excepción de 45 diputados escogidos en circuitos plurinominales (mediante una metodología igualmente perversa), todos los cargos en Panamá son elegidos por mayoría simple.

Esto significa que, con solo una minoría de votos, un aspirante puede alcanzar el puesto de representante de corregimiento, alcalde, diputado o presidente de la República, y que una mayoría, que no votó por él, queda, para todos los efectos, sin representación. El ejemplo más patético y frecuentemente utilizado es el de la elección presidencial, que llevó a la primera magistratura a un candidato al que se opusieron, en ese momento, dos terceras partes de los votantes (hoy se oponen muchos más).

En tercer lugar —y esto es, quizás, lo más grave— un proceso electoral que permite el uso descarado de recursos, incluyendo los del Estado, para comprar votos. La dictadura socializó esa estrategia y la mal llamada “democracia” no ha hecho nada por combatirla. Antes bien, la ha promovido con entusiasmo.

La próxima vez que usted, apreciado lector, se lamente del alto costo de la vida, del pésimo sistema educativo, de una defectuosa atención de salud, de la falta de justicia, de la corrupción y de tantos otros males, no olvide que esos desarreglos están íntimamente vinculados a las serias deficiencias en la representación política, producto de estructuras impuestas hace 50 años que aún siguen en vigor.

El autor es es politólogo e historiador; director de la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá; y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá.

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