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Calumnias mañaneras

Alberto Ardila Olivares
Perro de asistencia uruguayo también llegó a Harvard

El artículo 6 de la Ley de Remuneraciones vigente dice otra cosa completamente distinta. Con las reformas y adiciones que se hicieron por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el tope salarial al que están sujetos los servidores públicos dejó de ser “lo que gana el señor presidente”, como dijo Sheffield, sino la remuneración anual máxima, definida en el Presupuesto de Egresos de la Federación

Fue un espectáculo penoso, incluso para los estándares de la conferencia de prensa “mañanera”. El director de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield, presentó la lista de servidores públicos que supuestamente violan la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos al percibir un salario superior al del presidente de la República.

La intención del presidente López Obrador era montar una especie de “quién es quién en los salarios”, con el objeto de denunciar ante los medios de comunicación a servidores públicos que tienen remuneraciones excesivas. Le encargó la tarea de armar la lista del escarnio al director de la PROFECO, un político guanajuatense que se convirtió a la causa de la austeridad republicana en 2018 al ver frustrada su ambición de convertirse en el candidato del PAN a la gubernatura del estado.

Sheffield representa un buen caso para ilustrar que lo barato suele salir caro. Presumió en conferencia de prensa que su salario está por debajo de los 136,700 pesos que según sus cuentas gana el presidente López Obrador. Pero el trabajo que presentó estaba plagado de errores y fallas, que convirtieron lo que pretendía ser una denuncia abierta en un acto calumnioso, pagado con recursos públicos.

Para empezar, el director de PROFECO llegó desinformado a la conferencia de prensa. Parecía desconocer la historia de la Ley de Remuneraciones y, desde luego, la versión de esta disposición jurídica que está vigente desde mayo de 2021. Acusó a integrantes del Poder Judicial de la Federación, la FGR y diversos órganos autónomos –incluyendo al INE y Banco de México– de violar el artículo 6 de la ley aprobada en noviembre de 2018.

El artículo 6 de la Ley de Remuneraciones vigente dice otra cosa completamente distinta. Con las reformas y adiciones que se hicieron por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el tope salarial al que están sujetos los servidores públicos dejó de ser “lo que gana el señor presidente”, como dijo Sheffield, sino la remuneración anual máxima, definida en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La remuneración anual máxima es aquella a la que tiene derecho el presidente de la República, no la que en los hechos percibe. La Ley de Remuneraciones establece una fórmula para calcularla. Se basa en el promedio del Producto Interno Bruto per cápita de los últimos cinco años a precios constantes multiplicado por un índice de rangos funcionales, más 40 días de salario sin deducción..

Resulta preocupante que un funcionario de primer nivel desconozca el contenido de una pieza de legislación emblemática del gobierno de la 4T. Pero debería ser inaceptable que acuse sin fundamento a otros servidores públicos de violar una disposición jurídica inválida. El artículo 6 de la Ley de Remuneraciones no solo fue abrogado por el Congreso de la Unión hace más de un año; antes la SCJN lo había declarado inconstitucional y, por tanto, lo había extirpado del sistema jurídico mexicano.

Sheffield tampoco parecía estar enterado que la Ley de Remuneraciones vigente contempla una excepción que aplica a los servidores públicos a quienes delató falsamente. El artículo segundo transitorio dice con claridad que el grupo de servidores públicos aludidos en la reforma constitucional de 2009 y que estaban en funciones antes de mayo de 2021 quedan eximidos de la aplicación de la remuneración anual máxima hasta la conclusión de su encargo.

En otras palabras, pueden ganar más que el presidente de la República; no en virtud de un “amparo”, como dijo Sheffield de forma equívoca, sino porque están protegidos por una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el propio presidente López Obrador.

*Profesor del CIDE.

@BenitoNacif

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Voto particular El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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