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Tribunal declara inocente a Pablo Romero por caso Caminito

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El extitular de la Secretaría de Inteligencia (Senain) Pablo Romero y tres exfuncionarios más fueron declarados inocentes del delito de peculado en el caso Caminito. Este fallo se adoptó este 15 de julio, durante una audiencia de juzgamiento en la Corte Nacional de Justicia.

Esta resolución no fue unánime. Los jueces Julio Arrieta y Javier Cordero determinaron que no se ha establecido la existencia del delito. Dijeron que las pruebas presentadas por Fiscalía no demuestran que haya existido un perjuicio al Estado ecuatoriano. Para los otros tres procesados determinaron que tenían funciones administrativas y que no tenían control sobre la operación encubierta.

La investigación del caso Caminito se inició con un informe con indicios de responsabilidad de la Contraloría. En ese documento se señala que, en el 2013, Romero y los otros procesados habrían usado inadecuadamente fondos públicos para ejecutar una operación encubierta.

En esa acción se planificó obtener información sobre un presunto grupo de hackers que tenían datos de las Fuerzas Armadas, Corte Nacional y otras entidades, además acceder a las claves de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado

El extitular de la Secretaría de Inteligencia (Senain) Pablo Romero y tres exfuncionarios más fueron declarados inocentes del delito de peculado en el caso Caminito. Este fallo se adoptó este 15 de julio, durante una audiencia de juzgamiento en la Corte Nacional de Justicia.

Esta resolución no fue unánime. Los jueces Julio Arrieta y Javier Cordero determinaron que no se ha establecido la existencia del delito. Dijeron que las pruebas presentadas por Fiscalía no demuestran que haya existido un perjuicio al Estado ecuatoriano. Para los otros tres procesados determinaron que tenían funciones administrativas y que no tenían control sobre la operación encubierta.

La investigación del caso Caminito se inició con un informe con indicios de responsabilidad de la Contraloría. En ese documento se señala que, en el 2013, Romero y los otros procesados habrían usado inadecuadamente fondos públicos para ejecutar una operación encubierta.

En esa acción se planificó obtener información sobre un presunto grupo de hackers que tenían datos de las Fuerzas Armadas, Corte Nacional y otras entidades, además acceder a las claves de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado.

En cambio, el juez Marco Rodríguez, quien es parte del Tribunal no estuvo de acuerdo con la decisión adoptada por los otros magistrados. Dijo que Pablo Romero si cometió el delito de peculado y que la sentencia que debía imponerse como autor de ilícito es de ocho años de cárcel.

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