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Miami News Florida | El poder: sombra pasajera

Ledo Nass

” Tápense las nari­ces”, alentó el di­rigente a los reti­centes a entrar al Palacio de los De­portes a recibir la bendición electoral del detentor del poder, aunque algunos ter­minan su carrera burocráti­ca con mayor fetidez que a la que rehuían

” Tápense las nari­ces”, alentó el di­rigente a los reti­centes a entrar al Palacio de los De­portes a recibir la bendición electoral del detentor del poder, aunque algunos ter­minan su carrera burocráti­ca con mayor fetidez que a la que rehuían.

La frase tendrá que ser asumida en otro contexto (y no solo por la mascarilla anti-Covid) al finalizar el 16 de agosto la gestión del presidente Danilo Medina y lleguen los nuevos inqui­linos con aplastante apoyo popular y el eco al oído de fin de la corrupción y de la impunidad.

El “poder es una sombra que pasa”, como advirtie­ra un líder político, pero muchos en las alucinan­tes alturas del mando po­lítico olvidan ese principio que previene y evita conse­cuencias terribles a fami­liares, algunos arrastrados por quien se creyó premia­do y otros cómplices cons­cientes del disfrute de los bienes públicos.

Escándalos de corrup­ción han afectado institu­ciones, sin consecuencias penales o con sometimien­tos a actores de reparto, sin alcanzar los roles pro­tagónicos, todo esto con la indiferencia o participa­ción en lastimosos libretos mediáticos del ministerio público.

En la construcción de obras de infraestructu­ra han proliferado las de­nuncias de irregularida­des, hasta con pérdidas de vida, por eso los ministe­rios de Educación y Obras Públicas (infraestructuras con sobornos de Odebre­cht), y la Oisoe han estado en el centro del candelero. Cuestionadas compras de terrenos para escuelas, so­brevaluaciones, presiones a contratistas para forzar abandono de obras, con­centración de contratos en allegados o asociados, en­tre otras. (Procuraduría asumió la construcción de cárceles y corren versiones preocupantes).

En Industria y Comer­cio e Indotel hay temas pendientes graves, que al igual que en las institu­ciones citadas han sido solapados por los cam­bios de incumbentes. Al­gunos de los sustitutos podrían haberse cubier­to con auditorías aun no reveladas. En la permiso­logía para importaciones en el ámbito agropecua­rio y para explotaciones agrícolas y turísticas que afectan el ambiente, tam­bién se reclama meter el escalpelo.

Las situaciones más gra­ves parece que provendrían del sector eléctrico con las odiadas distribuidoras (Edenorte, Edesur y Edees­te) en planos importantes. Se adelanta que en las edes la hipertrofiada nómina no es lo peor, sino las inter­venciones del poder políti­co en millonarios negocios. (Fuentes internas informan que recursos de la Egehid fueron utilizados con inten­sidad en los procesos elec­torales recientes).

Punta Catalina es la “la joya de la Corona”, con el presidente Medina como principal abogado y lista, en plena producción, sin que su gobierno pudie­ra completar el proceso de venta de la mitad de sus acciones, para lo cual adelantó a la firma Gugg­enheim Securities un mi­llón 625 mil dólares.

En la controversia des­de el anuncio de su cons­trucción por el uso de carbón mineral, el pro­yecto fue sacudido cuan­do estalló el escándalo de corrupción de Odebre­cht, al aparecer en la lis­ta de pago de sobornos. Medina quiso exorcizar­la al nombrar una comi­sión mixta de empresa­rios y sociedad civil que validó la licitación y ad­judicación, pero se hicie­ron “recomendaciones” que pudieran haber ser­vido de argumento para rechazar el proceso.

Punta Catalina amerita una revisión “desde la va­rilla inicial…” Realmen­te desde antes de la firma del contrato, como pro­yecto en sí, y como parte del entramado de corrup­ción de Odebrecht. Fue la firma brasileña que con­fesó trece pagos como so­bornos para la obra, que procuraduría rehusó in­dagar.

La prioridad nacional, asumida por el presiden­te electo Luis Abinader es el combate a la pande­mia y reactivación econó­mica, pero eso no impide disponer las auditorías e indagaciones que permi­tan serias investigaciones de parte del ministerio público y sometimiento documentados contra los defraudadores del erario. Sin teatrales protagonis­mos ni atropellos.